Querellantes en caso Calamar expresan inconformidades con Ministerio Público; abogados depositan instancias en tribunal y afirman fueron engañados por el MP
SANTO DOMINGO.-Abogados de un grupo de querellantes en el caso Calamar depositaron ante el IV Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, instancias donde muestran inconformidad con el Ministerio Público, alegando sus defendidos que fueron engañados durante el proceso.
De acuerdo a las instancias depositadas en el tribunal por los abogados Martin Mañón Lara y Braulio Casillo, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) no ha cumplido con los querellantes en el caso.
Recordaron que el pasado viernes concluyó la lectura de la acusación contra los involucrados en el caso, entre ellos los exministros de Hacienda, Administrativo de la Presidencia y de Obras Públicas, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, respectivamente, así como también, Daniel Omar Caamaño, excontralor de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Claudio Silver Peña, exdirector del Catastro Nacional y Fernando Crisóstomo.
Recientemente mediante la sentencia TC0048-24 el Tribunal Constitucional declaró ilegal el oficio 0457 del dos de febrero del 2022 con el que el PEPCA realizó las oposiciones a pagos por ante el Ministerio de Hacienda, práctica procesal que siguió para oponerse al traspaso de las propiedades pagadas por el Gobierno.
Expresó que esa decisión del Ministerio Público generó en la audiencia agrias discusiones entre la barra del imputado Gonzalo Castillo, encabezada por Laura Acosta, quien imputó de fraude procesal a la PECPCA, por la remisión fuera de plazo de piezas al momento de depositar la acusación.
“La cantidad de páginas leídas y de páginas presentadas, no plantean la solidez de una acusación firme, según algunos analistas del derecho, sino una debilidad congénita que procura abrumar al juez con un exceso de papeles sin valor y dislocar a la defensa con piezas dispersas que resulta difícil organizar para responderlas, aunque carezcan de valor probatorio”, dijo.
Los abogados Mañón y Castillo expresaron que ante esa realidad procesal, el próximo viernes empieza la presentación de los abogados del Estado, “beneficiarios de un contrato que les otorga el 15% de los ingresos que logre el Ministerio Pública, algo que muchos ven difícil de justificar, sobre todo en el acuerdo con Fernando Crisóstomo, quien solo ha devuelto un cheque por 50 millones de pesos”,
Expresaron que ante “este escenario pocos están conformes y menos los querellantes, ya que algunos están concluyendo en sus escritos en forma contraria al Ministerio Público, previo a su presentación oral que puede empezar este viernes”.
Los dos profesionales del derecho dijeron que los sucesores de Generosa Reyes, por ejemplo, representados por Martín Mañón Lara, plantean que el Ministerio Público los engañó y presentan al Estado como un violador de los derechos de propiedad de las personas pobres a quienes, cuando por algún milagro obtienen el pago, los persigue”.