Santo Domingo.- La Procuraría General de la República, a través de unidades del Ministerio de Defensa, tomó el control este lunes de la penitenciaría nacional de La Victoria, luego que un recluso, la noche del domingo, denunciara a través de un video, el control de una de las celda de parte de dos reos.
El reo, con lentes oscuros, tapaboca y rostro de negro con un sombrero del mismo color, parecido a una capota, denuncia un supuesto abuso en la celda número uno, conocido como el consulado, donde su jefe, llamado Billy, hasta ha matado a otros presos.
“Tenemos un pequeño abuso, en el consulado, en la celda uno, donde el representante llamado Billy, tiene un contrabando, ha matado presos con droga, droga quimiquiá, droga envenená, tiene una pistola en la celda uno, tiene armas de fuego, tiene los presos bajo custodia que no se pueden mover, bajo presión, no podemos hacer nada, le pedimos ayuda”, denuncia el reo que guarda su rostro para evitar más represalias.
Advierte a las autoridades que tomen carta en el asunto de La Victoria, y que no esperen que el problema se vaya más lejos.
“Estamos aguantando a ver lo que ustedes resuelven. Les repito, el llamado Yohán es la segunda voz de Billy, el que usa para hacer todo. Unos presos le compraron cinco gramos de cocaína, y lo que les vendió fue veneno, esa fue la causa de su muerte. Le pedimos al señor Presidente que nos ayude”, pide insistentemente el recluso.
Dijo que Billy y Johán tienen una pistola, cuchillos, machetes, palos, y tienen a todos los reclusos monitoreados, inclusive la del consulado Policía Nacional, que es quien le lleva a droga a Billy a la cárcel.
“Tome carta en el asunto, para que no la tomemos nosotros, ¿me entiende? Porque ya no aguantamos más, estamos cansados de Billy, Yohán y La Manada, entonces, antes que se arme una maldita desgracia, tomen carta en el maldito asunto”, dice el recluso.
La mañana de este lunes, las autoridades informaron que la operación llevada a cabo en La Victoria, liderada por las autoridades penitenciarias en cumplimiento a una disposición del Ministerio Público, busca fortalecer la seguridad interna del recinto para garantizar la integridad física de miles de personas privadas de libertad que podrían verse expuestas a situaciones de violencia, como sucedió en un enfrentamiento entre dos grupos registrado a principios de este enero.