Recusan 16 jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del DN por expediente de fraude inmobiliario en Baní, Costa Dorara de empresa Hilari Mayor

Santo Domingo.- Los jueces de las tres salas de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fueron recusados, por lo que el expediente del fraude inmobiliario en Baní, Costa Dorada, de la empresa Hilari Mayor, que involucra más de seis millones de metros cuadrados costeros, se encuentra en un limbo jurídico sin que las autoridades judiciales resuelvan esa situación.

Los jueces recusados son Julio César Canó Alfau, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Doris Pujols Ortiz, jueza presidenta de la tercera sala; Rafael Arntrongs Báez, Ramona Rodríguez, Nancy Joaquín Castillo, Isis Muñiz, Yuly Tamarís, Indhira Montás, Daniel Nolasco, presidente de la primera sala; Delio Germán, Luís Omar Jiménez, Rosalba Garib, Pedro Sánchez Rivera, presidente de la II sala,  y Mariana Daneira García.

El caso tomó un giro complejo con la recusación que hicieron los imputados contra los 16 jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Mientras tanto, el juicio en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional está programado para el 28 de noviembre.

Esta situación se suma a la demora de más de nueve meses en la celebración de la audiencia para conocer los recursos de apelación, lo que, junto con la mora judicial, podría favorecer alegaciones de prescripción y extinción de la acción penal. 

Desde 2013, la operación tramposa ha afectado a las familias Mayol y Serrano, con décadas de tradición industrial, tras descubrirse una organización mafiosa que falsificó documentos y utilizó a una persona fallecida para vender acciones de la empresa Costa Dorada.

El equipo legal, representando a las familias afectadas, denunció maniobras dilatorias para obstaculizar el proceso judicial dominicano en un intento por maniatar la justicia. El ocho de diciembre de 2022, tras la audiencia preliminar, se dictó la Resolución 063-2022-SRES-00416 y se excluyó a algunas sociedades querellantes.

El Ministerio Público y empresas como Hilari Mayol, S.A.S., presentaron recursos de apelación, cuestionando decisiones como la exclusión del proceso y la prescripción del uso de documentos falsos.

La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue apoderada del caso, declarando admisibles los recursos el 20 de abril de 2023 y fijando una audiencia para el 1 de junio de 2023. Sin embargo, la defensa empleó tácticas dilatorias, incluyendo un recurso de oposición al auto de admisibilidad.

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