Se voltea la torta, abogados de Jean Alain ahora dan primero; acusan al Ministerio Público de mentir y ser una farsa solicitud de prórroga para iniciar el juicio de fondo

Santo Domingo.- Los integrantes del consejo de defensa del ex procurador, Jean Alain Rodríguez, afirmaron que demostraron ante el tribunal que la solicitud de prórroga del Ministerio Público es una farsa basada en mentiras, argumentando desde hace meses que tienen un expediente “blindado” y que hay que investigar mucho, violentando la presunción de inocencia, solo para generar una percepción negativa ante la opinión pública.

La denuncia fue hecha por los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Francisco Franco.

Los tres juristas acusaron al Ministerio Público de ocultar la orden de auditoría de la Cámara de Cuentas, la cual tenían desde el primero de junio del 2021 y no es hasta el 22 de diciembre, casi siete meses después, que la procesan, resultando evidente el ocultamiento y obstaculización de documentos para justificar una prisión ilegal.

“El suministro de alimentos es una nueva línea de investigación, pero en la medida de coerción, página 120 numeral 37 ya existe evidencia aportada por el mismo Ministerio Público de un interrogatorio realizado a Rainiery Medina Sánchez, al respecto e incluido dentro de la petición para el encarcelamiento del ex procurador”, precisaron los tres letrados.

Recordaron que en marzo del 2021, tres meses antes del apresamiento, la PEPCA había solicitado información a la Junta Central Electoral (JCE) y ONAPI y posteriormente en agosto a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo en búsqueda de información relacionada, lo que evidencia que no es una nueva línea de investigación, habiendo colaborado el PEPCA en la elaboración de reportajes en medios de comunicación abordando este tema.

Acusaron a la actual gestión de pagar RD$500 millones adicionales para la alimentación a una población de 27 mil reclusos.

Enfatizaron que no solo son las mismas empresas cuestionadas, sino otras registradas bajo otras áreas como el suministro de servicios de construcción o fabricación cosméticos, que han sido validadas y son actuales proveedores de alimentación a través de los Comedores Económicos, muchas de las cuales, sin poseer la competencia requerida para hacerlo.

Balcácer, Biaggi y Franco informaron que 72 equipos que fueron incautados en los allanamientos el pasado 29 de junio del 2021 debían ser enviados al INACIF para el debido peritaje y extracción de datos, pero deciden enviarlos apenas el pasado mes de noviembre, cinco meses después de tenerlos en su poder. 

“De igual manera, los equipos de la PEPCA con los que supuestamente se utilizaron para borrar decenas de archivos y muy a pesar de existir la orden judicial 0002-2021 para su revisión, fueron entregados en enero del 2022. Duraron más de un año y medio para enviar la solicitud a un grupo de peritos para que rindan un informe. Esto demuestra negligencia y dilación predeterminada de parte del PEPCA para hacer la solicitud, violando el artículo 134 del Código Procesal Penal”, afirman.

Sostienen que la mayoría de las solicitudes realizadas por el PEPCA para requerir documentos son de carácter interno, a departamentos dentro de la propia Procuraduría General, ya que poseen toda la documentación requerida de acuerdo a las imputaciones expuestas en la medida de coerción.  “Otra evidencia más de que es una trama dilatoria con miras a obstaculizar el suministro de información a la defensa y agilización del caso”, aseguran.

Dijeron, además, que la respuesta de incorporación de la querella del Estado se realizó con una diferencia de tres horas frente a la solicitud de prórroga, mientras que tienen meses sin responder las más de 102 solicitudes realizadas por el consejo de defensa. “A pesar de ser llamados un Ministerio Público independiente, corren con diligencias a responder al Estado en horas, cuando tienen meses en silencio ante nuestras solicitudes.  Todo esto demuestra que son tácticas dilatorias y violatorias del debido proceso y de los derechos de Jean Alain Rodríguez que solo buscan mantenerlo privado de libertad, ante la falta de pruebas”, informaron los juristas

Acusaron a la Pepca de mentir al país, informando que tenían un “expediente blindado”, presentando la construcción, impermeabilizantes e inodoros y resulta que la Procuradora general, Miriam Germán Brito aprobó todos los contratos de Jean Alain Rodríguez y les pagó más de 220 millones adicionales. 

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