Sector constructor del Cibao expresa preocupación por incursión agentes DGM en proyectos y propiedades privadas en horas de la madrugada en busca de extranjeros ilegales
Santiago.- La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) expresó su preocupación ante las recientes incursiones de agentes de la Dirección General de Migración (DGM) en proyectos y propiedades privadas de distintos puntos del país, realizadas en horas de la madrugada y sin la debida orden judicial.
La entidad consideró que esas acciones constituyen una violación a derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, el derecho de propiedad y el debido proceso, protegidos por la Constitución de la República Dominicana.
El presidente de APROCOVICI, Sandy Rodríguez, afirmó que estos operativos, ejecutados sin control judicial ni justificación legal, vulneran principios esenciales de la convivencia democrática.
“No puede el Estado, bajo ningún concepto, irrumpir en propiedades privadas sin orden de autoridad competente, ni decomisar bienes de trabajadores o empresas sin amparo legal. La Constitución no admite excepciones en materia de derechos fundamentales”, denunció.
La entidad manifestó su respaldo a los esfuerzos del Estado dominicano por regularizar la situación de los trabajadores extranjeros, destacando que el orden y la legalidad son pilares necesarios para el desarrollo del país.
No obstante, consideró que esos procesos deben ejecutarse dentro del marco legal establecido, sin atropellos ni actuaciones arbitrarias que vulneren las garantías y la seguridad jurídica del sector construcción.
Las actuaciones denunciadas por APROCOVICI, según sus especialistas legales, contravienen disposiciones expresas de la Constitución de la República Dominicana, entre ellas los artículos 44 sobre inviolabilidad del domicilio y respeto a la vida privada, el 51 que trata sobre derecho de propiedad, el 68 que trata de la garantía de efectividad de las garantías constitucionales y el 69, sobre la tutela judicial efectiva y debido proceso.
Denunció que con penetración a propiedades privadas, los militares de la DGM, exceden las atribuciones que confiere la Ley General de Migración No. 285-04, la cual en ningún caso autoriza el ingreso sin orden judicial ni el decomiso de bienes fuera de un procedimiento legalmente establecido.