Solicitan a la II sala penal de la SCJ condenar a cinco años de cárcel, diputado del PRM de Santiago acusado de destruir propiedad de una mujer en PP
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó este jueves que sea condenado a cinco años de prisión el diputado por la provincia Santiago, Gregorio Domínguez Domínguez, tras presentar sus conclusiones en el juicio que se sigue al legislador por violación de propiedad privada.
El órgano acusador solicitó a la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que lo declare culpable de ese delito y que le imponga el cumplimiento de la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago.
Los representantes del Ministerio Público, procuradores adjuntos, Isis de la Cruz y Pedro Amador, y el procurador de corte, Melquiades Suero, pidieron al tribunal que admitiera como hechos probados los cargos enunciados en la acusación por haberse demostrado la misma más allá de toda duda razonable.
Por los hechos cometidos por Domínguez Domínguez, en perjuicio de Lucila Nelly Capellán Luna, el Ministerio Público, además, pidió que sea sentenciado al pago de una multa equivalente a 20 salarios mínimos del sector público y de las costas penales del proceso.
Solicita que sea declarado culpable de violar los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la Fuerza Pública, y el artículo primero de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad, así como los artículos uno y dos de la Ley 5797, sobre Destrucción a la Propiedad Ajena.
Con relación al hecho, el expediente señala que alrededor de las 10:00 de la mañana del 27 de mayo de 2020, los señores Basilio Catalino Martínez (Jaime) y Emmanuel de Jesús Williams Molina, empleado del imputado, el primero y chofer de la retroexcavadora el segundo, se presentaron, por instrucciones del imputado, diputado Domínguez Domínguez, a la comunidad Punta Rucia, de Estero Hondo, Puerto Plata, donde Capellán Luna construía su vivienda.
Explica que una vez en el lugar, Catalino Martínez y Williams Molina procedieron, sin las debidas formalidades de la ley y por orden y con la participación del diputado, al desalojo, destrucción y posterior demolición de la vivienda levantada por la dama, la cual estaba en etapa de construcción a nivel de techo.
El Ministerio Público le atribuye al legislador, en calidad de autor, la comisión de los tipos penales ejecución de medidas ejecutorias y conservatorias inobservando el procedimiento de ley, tomar participación o requerir la ejecución de un embargo o medida conservatoria sin título ejecutorio e introducirse a una propiedad inmobiliaria sin permiso del dueño, arrendatario o usufructuario.
La acusación fue sustentada con diversas pruebas testimoniales, documentales, ilustrativas o demostrativas.