Solicitan variar prisión domiciliaria por preventiva a exalcalde de San Cristóbal Raúl Mondesí

Santo Domingo.-El Ministerio Público solicitará a la Suprema Corte de Justicia la variación de la medida de coerción de prisión domiciliaria por prisión preventiva contra el exacalde de San Cristóbal Raúl Mondesí, acusado de malversar más de RD$300 millones, durante su gestión en el período 2010-2016.

El órgano de justicia informó que procederá con la solicitud del cambio de la medida cautelar en virtud de que Raúl Mondesí ha violentado en más de una oportunidad la medida de prisión domiciliaria que le fue impuesta por su vinculación a los referidos actos de corrupción.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) logró el pasado año que la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal le ratificara a Raúl Mondesí la sentencia condenatoria de ocho años de prisión, una multa de 60 millones de pesos y la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos que le impuso el Tribunal Colegiado de esta jurisdicción en el mes de septiembre de 2017.

Agregó que dicha sentencia no ha sido ejecutada en virtud de los recursos interpuestos por el imputado, por lo que además del referido recurso de apelación, ahora se está a la espera de que la Suprema Corte de Justicia decida sobre un recurso de casación interpuesto por Raúl Mondesí y otros exintegrantes de la alcaldía que también fueron procesados por el caso y a quienes también le fue ratificada la sentencia impuesta en primer grado.

La institución del sistema de justicia recordó que junto al exalcalde Raúl Mondesí también fueron procesados y ratificada la sentencia al exsecretario general de dicha alcaldía, Bienvenido Araujo Japa, y el extesorero Jesús Antonio Ferreira, condenados a 7 y 6 años de reclusión, el pago cada uno de una multa de RD$20 millones y la inhabilitación por 6 años y 7 años para ocupar cargos públicos, respectivamente.

También, Pedro Cordero, excontador, el cual fue declarado culpable por encubrimiento de información a las autoridades y sentenciado a tres años de prisión, los cuales se encuentran en libertad bajo fianza.

El grupo fue acusado por la PEPCA por los delitos de coalición de funcionarios, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco, delitos de mezclarse en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario y asociación de malhechores.

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