Solicitarán medidas de coerción para implicados en red de lavado de activos de La Vega
La Vega.-La fiscal titular de esta jurisdicción, Aura Luz García Martínez, informó que el Ministerio Público solicitará por ante el juez competente la medida de coerción de prisión preventiva para los implicados en la red de lavados activos producto del narcotráfico desintegrada el pasado lunes en esta provincia.
Explicó que avanza en el análisis de las evidencias adicionales recogidas en los allanamientos realizados en varios inmuebles propiedad de Miguel Arturo López Florencio (Miky López), señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de la red.
En ese sentido, dijo que fueron ocupados cientos de documentos adicionales que comprometen aún más la responsabilidad penal de Miguel López en el delito de lavado de activos, además de 2 helicópteros, varios millones de pesos, varias propiedades en bienes inmuebles valorados en cientos de millones de pesos y decenas de vehículos de alta gama, todo de su propiedad.
Informó que además del Miguel López también fueron arrestados y pedirán prisión preventiva contra sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, su empleado José Antonio Román y su cuñada Ada María Pilarte.
La fiscal Aura Luz García informó que han podido establecer nuevos vínculos con el también cabecilla y patrocinador de la red criminal internacional dedicada al tráfico y distribución de éxtasis, Pablo Antonio Martínez Javier, vínculos que aportan nuevas evidencias y robustecen la investigación que inició en marzo del 2019, y que demuestran el entramado societario y criminal entre el prófugo Pablo Antonio Martínez Javier y Miguel López.
Agrega que Pablo Antonio Martínez Javier, quien permanece prófugo y declarado en rebeldía por orden judicial, es señalado como el principal cabecilla de una red criminal internacional dedicada al tráfico y distribución de éxtasis que fue desmantelada en el mes de marzo del pasado año, luego que le fueran ocupadas 111,722 pastillas de ese tipo de droga, el más grande cargamento de este tipo decomisada en el país.
La institución indicó que durante las pesquisas de este caso relacionado a actividades del crimen organizado han podido comprobar que esos 7 mil millones que fueron movidos en el sector financiero nacional, además de su procedencia ilícita tampoco se corresponden con los reportes realizados por los imputados a la Dirección General de Impuestos de Internos (DGII), así como que fueron creadas empresas de carpeta para la colocación de estas sumas en el mercado formal.
Destacó que el Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación a varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, Bienes Ilícitos y Financiamiento del Terrorismo y el Código Tributario, modificado por la Ley 11-92.