Tribunal Superior Administrativo anula contrato pasada administración Cámara de Cuentas con abogados Julio Cury y Francisco Franco Soto por más de RD$5 millones
Santo Domingo. – El Tribunal Superior Administrativo (TSA), acogió el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Cámara de Cuentas, anulando el contrato de los servicios legales de la firma de abogados Julio Cury Inteligencia Legal, S.R.L., y del licenciado Francisco Franco Soto.
El TSA acogió la petición de la Cámara de Cuentas por ser lesivo el contrato otorgado a la firma de abogados para el interés público.
La firma del contrato fue tomado a través de la decisión DEC-X-2021-001, dictada en la sesión extraordinaria del 25 de marzo de 2021 por los licenciados Hugo Francisco Álvarez Pérez, Félix Álvarez Rivera y Carlos Noés Tejada Díaz – entonces miembros del pleno de la Cámara de Cuentas de República Dominicana.
El TSA, además, declaró sin efectos legales, jurídicos y de derecho la decisión DEC-X-2021-001.
El Tribunal Superior Administrativo, mmediante la sentencia, dictada el 31 de enero del año en curso, valoró las pruebas aportadas y consideró que la disposición se dictó transgrediendo “la normativa en base a la cual deben adoptarse las decisiones” y que “la representación legal contratada fue costeada con fondos de la institución” para actuar en representación de los anteriores miembros del pleno “en ocasión de imputaciones personales, como personas físicas o naturales, lo que lesiona el interés general”.
La sentencia, también declara inadmisible un recurso reconvencional en nulidad y en responsabilidad patrimonial incoada por Franco Soto, por violación al plazo legal para interponer este tipo de acciones.
La contratación de los servicios legales de la firma de abogados se realizó de manera irregular, obviando el procedimiento que regula estas contrataciones, a pesar de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), había informado que no ha estado, ni está investigando penalmente a la Cámara de Cuentas, sino a varios de sus exfuncionarios, motivo por el cual se inició el procedimiento de declaratoria de lesividad.
La pasada administración de la Cámara de Cuentas llegó a pagar a los dos juristas RD$5 millones 310 mil, por los dos contratos y lo recibido no han sido devueltos a la institución.