Yeni Berenice justifica que necesita más tiempo para presentar acusación contra Jean Alain Rodríguez porque si se robó mucho, hay que investigar mucho
SANTO DOMINGO.- La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el próximo miércoles, a las 11:00 de la mañana, el conocimiento de la solicitud de prórroga del Ministerio Público para presentar la acusación formal contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, y a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público.
La magistrada Ramírez de la Cruz, además, tratará la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesto a Rodríguez Sánchez, Forteza Ibarra, y otros implicados en el entramado de corrupción.
El Ministerio Pública solicita cuatro meses extra, para terminar la investigación y presentar acusación formal contra el grupo, mientras los abogados de Jean Alain Rodríguez advierten que en contra de su defendido no hay nada definido, y que lo que buscan los acusadores, es mantenerlo más tiempo en prisión de manera ilegal.
“Lo que pasa es que, si se robó mucho, hay que investigar mucho”, proclamó la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, al referirse a la red de corrupción desmantelada con la Operación Medusa.
Recordó que resulta imposible estructurar un expediente sobre un “gran robo” con “una pequeñita investigación”, porque en esa gestión, “se robó mucho, muchísimo”.
Explicó que las modalidades fraudulentas y delictivas que la investigación ha ido determinando ha llevado a hacer decenas de interrogatorios, así como el rastreo de decenas de empresas que se utilizaron con personas a quienes les falsificaron documentos y les robaron la identidad.
“Entonces, con toda esa línea de investigación, bajo ningunas circunstancias aquí no se va a quedar nadie fuera”, advirtió.
La procuradora adjunta sostuvo que “todo el que robó, todo el que participó en este entramado de corrupción va a ser imputado por el Ministerio Público”.
“Hacer una investigación seria, lleva tiempo, pero nosotros no nos hemos inventado el tiempo, fue el Código que dio esa facultad. Nosotros hemos demostrado que cuando presentamos un caso, lo presentamos con las pruebas, que cuando acusamos, acusamos con las pruebas; entonces, hechos nuevos, como han surgido, como es en el caso de los alimentos, que todo ese entramado, todas esas empresas se crearon en torno al imputado Jean Alain Rodríguez, a través de su cuñado, eso no se va a quedar sin investigar”, precisó Reynoso, para justificar las razones de porque necesitan más tiempo para presentar acusación formal.
La procuradora adjunta insistió en que todos los hechos se van a investigar.
“Todas las imputaciones, cada peso que se distrajo al Estado, nosotros vamos a imputarlo”, aseguró.
Además de Reynoso, en la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), así como por la coordinadora de Litigación de ese órgano, Mirna Ortiz; Miguel Collado, Emmanuel Ramírez y Eduardo Velázquez.
El expediente involucra, además de Rodríguez Sánchez y Forteza Ibarra, a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quienes desde el pasado año cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El caso se sigue también contra los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.