Participación Ciudadana opuesta a nueva política aprobada por Poder Judicial permite eliminar o sustituir datos puedan identificar a persona física que viole la ley

Santo Domingo.- La organización no partidista, Participación Ciudadana mostró su oposición a la nueva política, aprobada por el Poder Judicial como regla general, aplicable aun por defecto, que permite la eliminación o sustitución de la información que pueda identificar o hacer identificable a cualquier persona física, lo que dijo, ayudará a invisibilizar frente a la sociedad a los infractores de la ley, sobre todo, a los corruptos, generando impunidad y mayor corrupción.

Participación Ciudadana consideró que con esta medida se pretende invertir el principio de que la regla es la transparencia y la privacidad la excepción.

 Aseguró que la Constitución es clara cuando establece como parte de la tutela judicial efectiva y el debido proceso que los juicios serán públicos, lo que no solo es una garantía que protege a los imputados, sino, además, a la sociedad, transparentado lo que ocurre en los juicios, sobre todo, en aquellos de naturaleza penal.

“La publicidad de los juicios debe incluir la identificación de jueces, fiscales, abogados, notarios, alguaciles, secretarios de tribunales, auxiliares y todo el personal relacionado, pero también a las partes en el proceso, imputados, querellantes, víctimas, actores civiles, así como a testigos e informantes, con las excepciones propias para proteger a menores de edad y personas vulnerables”, consideró el organismo que antes era no partidista.

Dijo que el acceso a los expedientes de los casos judiciales, no solo corresponde a las partes en el proceso, sino a cualquier ciudadano y de manera especial a los medios de comunicación, para garantizar el derecho a la información y a la libre expresión.

Sostuvo que contrario a ese principio, la nueva política establece restricciones para terceros, término que incluye a la prensa y a la ciudadanía.

Participación Ciudadana sostiene que cualquier conflicto entre el derecho a la información y la expresión y el derecho a la intimidad, debe, como regla general, ser decidido a favor de la transparencia, sobre todo cuando se involucre a funcionarios y bienes públicos, con las debidas excepciones, que deben ser muy puntuales.

De acuerdo a la nueva normativa del Poder Judicial, la lista de datos personales sujetos al anonimato es tan extensa, que incluye hasta la cédula de identidad y electoral, que es requerida para realizar múltiples operaciones privadas y permite diferenciar personas con el mismo nombre.

“Esta política pretende ampararse en la experiencia de otros países, olvidando que esos países han alcanzado un nivel de desarrollo institucional, incluyendo al sector justicia, que nuestro país aún no alcanza”, manifestó Participación Ciudadana a través de un documento.

Expresó su preocupación, porque esta medida se produce en momentos en que el país tiene el gran reto de combatir la corrupción, el crimen organizado, delitos tan graves como la trata de personas, el lavado de activos, los feminicidios y la pedofilia, que tanto daño hacen a la sociedad.  

Pidió al Poder Judicial para que retire esa normativa, por ser un duro golpe a los esfuerzos que han hecho amplios sectores para sacar al país de una larga historia de corrupción e impunidad.

 El comité ejecutivo de Participación Ciudadana advirtió que la decisión preocupa que la política de protección de datos del poder judicial pueda servir de sustento a los jueces para impedir a la ciudadanía y a la prensa el acceso a la información, conquista fundamental en un régimen democrático y en países con bajos niveles de transparencia.