El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, revela solo tres sentencias del Tribunal Constitucional en últimos tres años, han sido desacatadas, ya que de 61 decisiones, 58 fueron emitidas en pasados Gobiernos
Santo Domingo.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó que son 61 las sentencias emanadas del Tribunal Constitucional, que no han sido acatadas, para verificar el cumplimiento de las mismas.
Peralta resaltó que el Tribunal remitió a la Consultoría la enumeración de las decisiones pendientes de cumplimiento.
Aclaró la dinámica de cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, al ser abordado por los representantes de los medios de comunicación que cubren la Casa de Gobierno.
Expresó que de las 61 sentencias, 58 de ellas habían sido dadas por el Tribunal Constitucional antes del 16 de agosto de 2020, mientras que solo tres de los 61 fallos denunciados como no ejecutados, fueron emitidos a partir de esa fecha, es decir, durante la presente administración de gobierno.
“Con fundamento en los principios de continuidad del Estado, seguridad jurídica y sometimiento pleno de la Administración a la juridicidad, informamos a cada una de las instituciones señaladas la indicación de los fallos pendientes de ejecución, a la vez que requerimos una explicación de las razones que dificultan su acatamiento”, sostuvo.
Peralta, explicó que, a la fecha, algunas instituciones han respondido, explicando que las sentencias no cumplidas por el Tribunal Constitucional han sido acatadas o están en proceso de ello.
Se refirió al caso de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, órgano que demostró documentalmente que las sentencias que le fueron señaladas sí habían sido cumplidas.
“El Poder Ejecutivo continuará verificando el estricto cumplimiento de las sentencias dadas por el Tribunal Constitucional y asegura que continuará velando por el apego absoluto a la Constitución y a la Ley por parte de sus funcionarios, para lo cual hace un enérgico llamado a cada institución notificada de asumir su responsabilidad, a la vez que agradece el celo del Tribunal Constitucional por el debido acatamiento de sus fallos, lo cual contribuye a la prevalencia de un Estado de Derecho en nuestro país”, manifestó Peralta.
Peralta expresó que la Dirección General de Impuestos Internos informó que la sentencia TC/0208/20, no la obliga a ninguna acción, ya que el propio Tribunal Constitucional, en una sentencia posterior, estableció que era la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el órgano que habría de cumplir decisión.
Explicó que el fallo versaba sobre la liquidación de astreintes por un proceso previo.
Informó que la DGII suministró al Poder Ejecutivo, evidencia de que comunicó oportunamente esa situación al Tribunal Constitucional.
Un tercer caso presentado por el consultor a la prensa fue el del Comité de Retiro de la Policía Nacional, órgano que remitió a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo la evidencia del cumplimiento oportuno de las sentencias TC/0318/17, TC/0606/17, TC/0529/18, TC/0192/19, TC/0305/19, TC/0337/19 y TC/538/19, así como de haberle notificado al Tribunal Constitucional de éste cumplimiento, mediante oficio, copia del cual fue remitida a esta Consultoría.
“Todo lo anterior nos indica que, si bien es cierto que ha habido cierta dejadez en algunas instituciones en el debido cumplimiento de las sentencias, parece existir también un déficit de comunicación entre las instituciones obligadas a ejecutarlas y la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias del Tribunal Constitucional”, manifestó Peralta.