Aplazan para el miércoles conocimiento medidas de coerción a hermanos Espaillat por desplome Jet Set; MP afirma intimidación a testigos y pruebas justifican prisión preventiva y domiciliaria a Antonio y Maribel
SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo miércoles, a partir de las 11:00 de la mañana, el conocimiento de medidas de coerción contra el empresario Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, donde el ocho de mayo, más de 233 personas perdieron la vida al desplomarse el techo.
El magistrado Sena acogió una solicitud de los abogados para preparar su medio de defensa.
En la instancia depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, el Ministerio Público solicita las medidas de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.
En la primera convocatoria para el conocimiento medidas de coerción a los hermanos Espillat, el Ministerio Público sustentó con más de un centenar de pruebas la solicitud de prisión preventiva y arresto domiciliario contra Antonio y Maribel Espaillat, imputados de cometer homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias al poner en riesgo la vida de los empleados y el público que acudía al Jet Set Club, cuyo techo se desplomó la madrugada del ocho de abril, producto de sus múltiples inobservancias y violaciones a los controles técnicos, provocando la muerte de 235 personas y más 180 heridos.
El titular de la dirección general de Persecución del Ministerio Público, procurador adjunto Wilson Camacho, resaltó que desde el primer momento que se registró el hecho, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dispuso las medidas necesarias para que se realizara una investigación seria que impidiera que haya impunidad en este caso.
“Desde el primer momento en que se registraron estos hechos, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dispuso todo lo necesario para que realicemos un trabajo serio que asegurara que no haya impunidad en estos hechos que han generado un duelo colectivo en República Dominicana”, dijo Camacho.
Recordó que la muerte de 235 personas dejan en la orfandad a decenas de niños y provocan dolor entre familiares y amigos, al tiempo que consterna a la población dominicana, lo que afirmó, es la consecuencia del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat, quienes “fueron negligentes, irresponsables y tuvieron un comportamiento que evidencia una muestra absoluta de desprecio a la vida humana”.
Dijo además que todo eso está contenido en la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público en este proceso y soportado en más de 130 medios de pruebas que dan fe de cada una de las afirmaciones que ha realizado el órgano acusador.
“Esperamos, en consecuencia, que el tribunal acoja la solicitud presentada consistente en prisión preventiva para Antonio Espaillat y prisión domiciliaria para Maribel Espaillat”, sostuvo.
Definió la intimidación de testigos como un hecho corroborado en el proceso y un elemento que permite al tribunal verificar el peligro procesal de los imputados, lo que robustece la postura del Ministerio Público para solicitar prisión preventiva y domiciliaria.
Sobre la calificación jurídica que ha presentado el Ministerio Público, Camacho informó que contempla las acciones legales que han depositado las víctimas.
Al responder una pregunta alusiva al arraigo de los imputados, Camacho explicó que “este caso dejó 235 fallecidos, más de 180 heridos y más de 130 niños huérfanos, niños que tenían antes del ocho de abril su vida asegurada y que ahora tienen un futuro incierto porque dos personas decidieron poner sus intereses económicos y personales por encima de la vida humana”.
En la audiencia, Camacho estuvo acompañado por los fiscales Rosalba Ramos, titular del Distrito Nacional; Magalys Sánchez, Héctor García, Enmanuel Ramírez y Miguel Collado.
Como parte de los elementos que agravan la responsabilidad de los imputados, la investigación determinó que sobrecargaron la estructura del techo de la discoteca mediante la instalación de climatización de gran volumen, incluyendo seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno, y tinacos de agua, todo ello sin realizar ningún estudio que garantizara la capacidad de la estructura para soportar dicho peso.
El Ministerio Público resaltó que la cadena de acciones y omisiones de los imputados, incluyendo la falta de permisos, modificaciones estructurales sin base técnica, sobrecarga del techo, reparaciones deficientes y desatención a las advertencias de peligro, evidencia un patrón sistemático de irresponsabilidad y negligencia que desembocó en los lamentables hechos de la madrugada del pasado 8 de abril.
Los peritajes técnicos confirmaron fallas estructurales críticas, como la ausencia de una columna esencial, anclajes deficientes de vigas y la falta de muros de mampostería de soporte, fallas directamente atribuibles a la gestión de la discoteca.
El órgano acusador planteó que los hechos ocurridos en el Jet Set eran totalmente evitables si los imputados hubiesen actuado conforme a derecho y valorado la vida por encima del dinero.