Tribunal de San Juan reparte 29 años, indemnizaciones y multas a cuatro hombres acusados de estafar al Estado con sustracción de fondos destinados a personas vulnerables durante el Covid-19 en el programa

SANTO DOMINGO.-  Un tribunal de San Juan de la Maguana condenó a diez, siete y cinco años de prisión a cuatro hombres que formaban parte de una red que se dedicaba a estafar al Estado mediante la sustracción de fondos destinados a familias vulnerables beneficiarias de subsidios sociales.

La condena de 10 años de prisión fue impuesta a Daniel Villegas Aquino (Pocholo), quien además deberá pagar una indemnización de RD$2.0 millones a la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) y una multa a favor del Estado dominicano de 500 salarios mínimos del sector público.

Ambriori Encarnación Ubrí y Héctor Leury Ortiz de la Rosa fueron condenados cada uno a siete años de prisión, así como al pago de una indemnización de RD$1.0 millón a la ADESS y una multa al Estado de 250 salarios mínimos del sector público.

En tanto que Rikelvin Alcántara Reyes fue condenado a cinco años de prisión y al pago de una indemnización de RD$1.0 millón a la ADESS y una multa de 100 salarios mínimos del sector público.

Las indemnizaciones, que ascienden a más de $5.0 millones, fueron establecidas a favor de la ADESS, hoy Dirección de Desarrollo Social Supérate, por los perjuicios ocasionados mediante las actuaciones sancionadas.

También, se ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de cerca de un millón de pesos que se le ocupó a Villegas Aquino.

Las estafas a subsidios sociales correspondían al programa “Quédate en Casa”, en este caso en la provincia San Juan. 

El programa fue implementado durante la pandemia de la Covid-19 en todo el país.

La investigación, desarrollada por un equipo del Ministerio Público encabezado por los fiscalizadores Hernanda Arias Peña y Vicente Rodríguez Sánchez, permitió identificar un esquema de operaciones fraudulentas que afectó los recursos administrados por la ADESS, destinados a garantizar la alimentación y asistencia económica de miles de familias dominicanas.

El expediente establece que la estructura utilizaba datos personales y códigos de beneficiarios de los programas sociales para realizar transacciones fraudulentas mediante dispositivos electrónicos de pago (verifones) vinculados a establecimientos comerciales.

Durante los allanamientos realizados en el marco de la investigación fueron ocupados equipos electrónicos, dispositivos de procesamiento de pagos, memorias digitales, documentos y dinero en efectivo. Estas evidencias, junto con los análisis forenses practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), formaron parte de los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público en el proceso penal.

La acusación estableció que los recursos obtenidos mediante las operaciones fraudulentas eran utilizados para adquirir bienes y desarrollar actividades comerciales con el propósito de aparentar un origen lícito.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana, integrado por los jueces Edward Augusto Gerónimo Sánchez, quien lo presidió, Blaury Luciano Ferreras y Luis Manuel Marte Leonardo.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los hechos fueron calificados jurídicamente como estafa agravada, prevista y sancionada en el artículo 405, párrafo, del Código Penal dominicano; estafa electrónica, tipificada en el artículo 15 de la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; asociación de malhechores para cometer estafa contra el Estado dominicano, conforme a los artículos 265 y 266 del Código Penal, así como lavado de activos, contemplado en la Ley núm. 155-17.

La acusación se sustentó en las investigaciones realizadas sobre la estructura que utilizaba medios tecnológicos para sustraer recursos públicos destinados a familias beneficiarias de los programas de asistencia social.

Recurrirá las absoluciones

El Ministerio Público anunció que apelará las decisiones absolutorias emitidas por el tribunal a favor de Manuel Alcántara Matos, Ernesto Mendieta Ogando, Sergio Alexander Bidó Nova y Juan José Polanco Fernández, quienes también fueron procesados por el caso.

El órgano persecutor interpondrá los recursos de apelación al considerar que existen fundamentos para solicitar su revisión ante una instancia superior.

Destacó la trascendencia de este proceso, por tratarse de hechos que afectaron recursos públicos destinados a personas y familias en condiciones de vulnerabilidad durante la emergencia sanitaria.

Los condenados cumplirán las penas privativas de libertad impuestas en la cárcel pública de San Juan de la Maguana, en la provincia San Juan, y en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Elías Piña, conforme a lo establecido en la sentencia dictada por el órgano judicial.

El Ministerio Público solicitó condenas de hasta 20 años

En el proceso penal el Ministerio Público solicitó que fueran condenados a 20 años de prisión Daniel Villegas Aquino (Pocholo) y Ambriori Encarnación Ubrí, mientras que para Héctor Leurx Ortiz de la Rosa y Rikelvin Alcántara Reyes pidió que fueran condenados a 15 años.

Para Manuel Alcántara Matos, Ernesto Mendieta Ogando y Sergio Alexander Bidó Nova, que fueron absueltos por el tribunal, el Ministerio Público solicitó que los tres fueran condenados a 10 años de prisión, mientras que para Juan José Polanco Fernández pidió cinco años de prisión.

El Ministerio Público también solicitó el decomiso de tres vehículos que fueron incautados durante un allanamiento en la vivienda de Villegas Aquino, así como todo lo incautado en un allanamiento practicado a Encarnación Ubrí.

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