Contrataciones Públicas anula contrato de compra e instalación semáforos suscrito entre Intrant y Transcore Latam, por más de RD$1,300 millones y somete el caso ante Procuraduría general de la República
Santo Domingo.- La dirección de Contrataciones Públicas informó que depositó por ante el Ministerio Público, los hallazgos encontrados en la licitación para la contratación del servicio de modernización y ampliación de semáforos en el gran Santo Domingo, con la finalidad de que se investigue a la razón social Transcore Latam, SRL, a fin de que se identifique al beneficiario final de la empresa y su participación en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación.
Denunció que han encontrado graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, tales como indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros aspectos negativos.
“Anunciamos que las dos resoluciones que se están emitiendo y notificando en el día de hoy, así como los hallazgos del informe de cumplimiento tras agotar un proceso de debida diligencia serán remitidos a la Procuraduría General de la República y de manera concreta, a la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción (Peppca), a fin de que se verifiquen las acciones ejecutadas por la razón social adjudicada que pudieran constituirse en indicios razonables de conductas de índole penal”, informó Carlos Pimentel, a través de un documento enviado a la redacción de www.armariolibre.com.do.
Expresó que producto de los hallazgos detectados en las investigaciones realizadas, hasta este momento, conjuntamente con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, agotarán el procedimiento administrativo sancionador respecto de Transcore Latam, SRL, para determinar las consecuencias jurídicas, acordes con la naturaleza de las irregularidades y hechos que se mencionan en las resoluciones.
Dijo que en atención a las violaciones graves al debido proceso, Contrataciones Públicas “declara la nulidad de pleno derecho del primer informe preliminar de evaluación de ofertas técnicas”, y el informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas, lo que implica la nulidad del referido contrato tras comprobarse que los actos administrativos emitidos por el Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT, y que se fundamentan en los informes señalados, adolecen de los mismos vicios que afectan su validez; por tanto, ningún acto relativo a la evaluación y adjudicación de la empresa Transcore Latam, S.R.L., emitido por el INTRANT puede surtir los efectos jurídicos pretendidos”.
Relación de los hechos
En atención a las alegaciones sobre la supuesta negativa del órgano rector de acompañar en calidad de veedor a la entidad contratante, Pimentel expresó que debido al criterio de descentralización operativa del sistema de compras, establecido en el artículo 34 de la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas, cada entidad es responsable de la gestión de sus procesos, desde la elaboración hasta la ejecución del contrato.
“No obstante, me gustaría presentar una especie de cronología de los hechos que permitan ver los antecedentes y desarrollo del referido procedimiento, incluyendo nuestras actuaciones, en el marco de nuestras competencias”, expresó.
Recordó que el pasado 20 de febrero del 2023, el Intrant publicó un procedimiento de Licitación Pública Nacional por un monto estimado de RD$1,200 millones.
En tanto, el 14 de marzo, a través del sistema de monitoreo preventivo fueron enviadas a la unidad de compras del INTRANT sus observaciones al procedimiento, por lo que el 28 de marzo, la entidad contratante publica una enmienda que modificaba el pliego de condiciones específicas, tanto en el cronograma de actividades, como otros aspectos técnicos del procedimiento de contratación.
Explicó que el 11 de abril, presentaron sus ofertas los oferentes Transcore Latam, SRL y el Consorcio de Seguridad Sostenible, resultando adjudicatario el oferente Transcore Latam, SRL por el monto de RD$1,317 millones 350 mil 997.00.
Dijo que la entidad contratante adjudicó por un monto mayor del que tenían previsto inicialmente para esta licitación, con lo cual estaría comprometiendo al Estado por encima de su disponibilidad, lo que podría acarrear responsabilidad penal y patrimonial para los funcionarios actuantes.