Santiago.- Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), afirmó que medirá los tiempos de pago a los proveedores ya que, muchas instituciones tarden meses para honrar sus compromisos, a pesar que el primer requisito para contratar determinada obra, bien o servicio, es tener una certificación de aprovisionamiento de fondos.
En ese sentido, el director de la institución, Carlos Pimentel, sostuvo que, si bien hay razones de índole institucional o administrativo que pueden retrasar los procesos de pago, la dilación también se presta como un mecanismo de extorsión a los proveedores.
Dijo que para eso trabaja junto a la Dirección General de Presupuesto (Digepres), la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) para contribuir a la solución de esta problemática que afecta sensiblemente a las pequeñas y medianas empresas.
Recordó que fortalecer el monitoreo preventivo a los procesos de contrataciones, afianzar los mecanismos de planificación y acortar los tiempos de pago a los proveedores del Estado, son solo algunas de las prioridades de esa institución para hacer de las compras públicas un instrumento para el desarrollo.
Ofreció la información durante sendos encuentros con alcaldes y representantes de los sectores productivos y de la sociedad civil de la provincia de Santiago, como parte del ciclo de visitas que viene realizando por todo el país.
Durante una reunión celebrada en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santiago con varios alcaldes de ese municipio, encabezada por Abel Martínez, el director de la DGCP explicó que la institución se ha valido de la tecnología y la ciencia de los datos para fortalecer los sistemas de alerta y monitoreo preventivo aplicados a los procesos de contrataciones que se llevan a cabo a través del Portal Transaccional, para hacerlos más transparentes y participativos.
Pimentel manifestó que lejos de ser visto como un mecanismo de persecución, el monitoreo constituye el mejor aliado de cualquier funcionario que administre fondos públicos para evitar futuras impugnaciones o reclamaciones de los procesos.