El partido Fuerza del Pueblo define como “préstamo encubierto”, renegociación del contrato anunciado por presidente Abinader con Aerodom; cuestiona viabilidad y transparencia

Santo Domingo.- El partido Fuerza del Pueblo definió como un préstamo encubierto implicado en la renegociación del contrato entre el Estado dominicano y Aeropuerto Siglo XXI (Aerodom), que compromete financieramente al país por 37 años.

Cuestionó la viabilidad y transparencia de las propuestas de proyectos financiados con recursos anticipados, dada la limitación de tiempo para completar los procesos de licitación.

Además, se pone en duda la afirmación del presidente Luis Abinader de que el costo de las obras anunciadas asciende a  US$400 millones, argumentando que esta cifra no representa con precisión el gasto real en los proyectos prometidos.

En un comunicado, Fuerza del Pueblo identificó una aparente contradicción en la postura del presidente Abinader respecto al contrato existente de Aerodom, ya que aunque critica el cumplimiento del contrato y las inversiones realizadas, se ha permitido una extensión de 30 años adicionales.

La agrupación política liderada por el expresidente Leonel Fernández sugirió que una auditoría internacional independiente sería el método apropiado para evaluar el cumplimiento del contrato original.

Expresó preocupación por la legalidad de la renovación de la concesión, ya que la misma se hizo al margen de la ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado. 

Condenó que lo que se percibe como un uso de la renegociación para desviar la atención de otros temas críticos, como el escándalo del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), y las importaciones de productos agropecuarios en detrimento de los productores.

La Fuerza del Pueblo denunció por igual un abuso de poder en la asignación de 745 millones de dólares para propósitos políticos.

Instó al presidente Abinader a enfocarse en una gestión gubernamental eficiente, evitando comprometer financieramente a futuras generaciones y enfocándose en la transparencia y el beneficio público.

La organización política realizó un historial para poner en contexto al presidente Abinader y la población sobre el contrato realizado por el gobierno de Fernández en agosto del 1998.

“En agosto de 1998, durante el gobierno de Leonel Fernández, se convocó a una licitación pública internacional para la concesión de la operación, administración, ampliación y modernización de varios aeropuertos internacionales”, recordó. 

Expresó que la transparencia del proceso fue tal que contó con un comité de observadores compuestos por personalidades como el fenecido Freddy Beras Goico; el periodista Bonaparte Gautreaux Piñeyro; el pastor evangélico Braulio Portes; el jurista Jottin Cury, entre otros.

Además, se conformó un denominado comité técnico ampliado, conformado por varios funcionarios del área y Arturo Martínez Villanueva, la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES); los señores Alex Santana y Julio Heinsen, de la Asociación de Líneas Aéreas de la República Dominicana (ALA), y una representación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)”.

“Este contrato, fue aprobado luego de vistas públicas y sugerencias de modificaciones, en un Congreso controlado por dirigentes del hoy Partido Revolucionario Moderno (PRM), incluyendo a Ramón Alburquerque, Jesús Vásquez Martínez (Chu), Milagros Ortíz Bosch, Ginette Bournigal, y Alfredo Pacheco.

Recordó que, por ese contrato, resultó en significativas mejoras en infraestructuras aeroportuarias.

Informó, además, que, en tres ocasiones, en el gobierno de Hipólito Mejía, 2000-204, se modificó la fórmula económica de retribución del acuerdo al que inicialmente se había arribado.

El partido Fuerza del Pueblo, deploró que el presidente Abinader olvidara que, en el primer contrato se logró la ampliación del aeropuerto Gregorio Luperón, Puerto Plata; el aeropuerto de El Catey, Samaná; la construcción de una moderna ala en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, entre otras construcciones.

Aseguró que el contrato firmado en el gobierno de Fernández, sí fue a favor del Estado dominicano, contrario al nuevo convenio, que solo procura recursos para usarlos en la campaña electoral del 2024.

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