La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales investigan quien permitió llamada del recluso Fausto Miguel Cruz de la Mota a emisora de radio
SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), inició la investigación para identificar los funcionarios penitenciarios que permitieron al recluso Fausto Miguel Cruz de la Mota hacer una llamada a un medio de comunicación.
Cruz de la Mota fue condenado por la muerte del exministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, en su despacho.
A través de un comunicado de prensa, la DGSPC dijo que la experticia la realiza la subdirección de Seguridad e Inteligencia que dirige el coronel Manuel Polanco, quien en estos momentos se encuentra en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najyo Hombres, para tales fines.
La DGSPC informó que, desde su ingreso al sistema penitenciario, Cruz de la Mota ha recibido asistencia médica por parte de los galenos del sistema y de centros de salud privados del país.
La DGSPC reveló que según registra el libro de asistencia de la institución, Cruz de la Mota ha sido visto por especialistas de la salud, en todos los momentos que lo ha requerido.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales actúa en cumplimiento a la Ley 113-21, sobre Régimen Penitenciario, la cual, entre los derechos de los privados de libertad, establece el derecho a la salud y a la comunicación telefónica, y cuyo uso está reservada para sus familiares y representantes legales, según lo establece el artículo 4 numeral 11 de la Ley.
La DGSPC, es la autoridad penitenciaria responsable de evitar que las personas privadas de libertad continúen agrediendo a la sociedad durante el cumplimiento de su condena, y para esto lleva a cabo el plan de eliminación de teléfonos no autorizados en los centros penitenciarios del país, con el apoyo de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) , con resultados positivos .
Como parte del plan ha sido posible el desmantelamiento de estructuras de conexión a internet que se encontraban habilitadas en los centros penitenciarios y la incautación de equipos de comunicación que eran utilizados por reclusos para cometer ilícitos.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales para garantizar el derecho a la comunicación de los privados de libertad ha instalado 214 comuni agencias, en coordinación con la Procuraduría General de la República, las cuales fueron distribuidas en todos los centros penitenciarios a nivel nacional.