La JCE saluda condena de seis y tres años a cuatro personas acusados de falsificación de documentos públicos y privados en Barahona, Santo Domingo y el Distrito Nacional
Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) saludó la condena de seis y tres años de prisión impuesta a cuatro miembros de una red que se dedicaba a la falsificación de documentos públicos y privados, que incluían cédulas de identidad en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Barahona.
La red fue descubierta tras una investigación que inició en el mes de enero del pasado año por el Ministerio Público adscrito a la JCE para la investigación de los delitos contra la identidad, en coordinación con la dirección de seguridad del organismo de elecciones y la dirección de Investigaciones Criminales (DICRIM) de la Policía Nacional, a raíz del arresto de extranjeros que tenían en su poder documentos falsos obtenidos mediante el pago de sumas de dinero.
La decisión fue pronunciada por la jueza Fátima Cruz Estrella, del Departamento Judicial de Barahona, tras acoger un procedimiento penal abreviado solicitado por el Ministerio Público, a fin de dar celeridad al proceso.
El Ministerio Público representado por los magistrados Wellington Matos y Esther González Peguero, y la consultoría jurídica de la JCE establecieron que el grupo delictivo se dedicaba a la comisión de crímenes y delitos de falsedad de documentación pública y privada en asociación de malhechores y, además, de lavado de activos.
Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos fueron condenados cada uno a seis años de prisión a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Baní Mujeres y en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Barahona, con suspensión condicional de los últimos cinco años.
En tanto que Yonel Raphael fue condenado a tres años de prisión que deberá cumplir en el CPL de Barahona, con suspensión condicional de los últimos dos años.
Igualmente, fue condenado el empleado de la JCE, Andys Hernández Rivera a tres años que deberá cumplir en el CPL de Barahona, con suspensión condicional de los últimos dos años y dos meses, así como al pago de una multa de 20 salarios mínimos.
Se dispuso como condiciones de la suspensión de la pena aplicable a todos los condenados las siguientes: residir en el domicilio procesal aportado en este proceso, abstenerse de ingerir en exceso bebidas alcohólicas, abstenerse del porte o tenencia de armas, mantener una conducta social íntegra y en cumplimiento de las normas vigentes en el ordenamiento jurídico dominicano y someterse al control y vigilancia del juez de Ejecución de la Pena de Barahona.