Más de 30 organizaciones cívicas se quejan que presidente Abinader permite lentitud en el proceso para sancionar la corrupción de pasado gobierno
Santo Domingo.- Más de organizaciones cívicas se quejaron de que el presidente Luis Abinader permite “la lentitud en el proceso para sancionar la corrupción y recuperar lo robado del gobierno anterior”.
Las organizaciones emitieron sus declaraciones en los frentes del Congreso Nacional, en ocasión de exponer los resultados de una asamblea nacional realizada el pasado 28 de marzo en Santo Domingo “por el rescate de lo robado, y por los derechos ambientales y sociales del pueblo dominicano”.
En tal sentido, anunciaron que irán a las calles para exigir lo que consideraron que son sus derechos.
Las organizaciones, diseminadas en todo el país, dijeron que el jefe de Estado, en cambio, obvia las aspiraciones de las mayorías nacionales, “olvidándose del pueblo y sus compromisos de campaña”.
“Realizaremos este 25 de abril una caravana ecológica desde Bonao -Piedra Blanca-Maimón hasta Los Martínez; y la marcha el Día del Agricultor, que celebraremos en mayo, en Barahona, entre otras”, informaron las organizaciones.
La ex diputada Guadalupe Valdez, expresó que la lentitud en el proceso para sancionar la corrupción y recuperar lo robado del gobierno anterior, coloca en el imaginario social, que en los hechos hay un pacto para la impunidad.
En el documento leído por Valdez, las entidades sociales dijeron que al mismo tiempo que se pone al servicio de los grupos tradicionales “que se han repartido históricamente el patrimonio público, que ahora se profundiza, con las privatizaciones mediante el eufemismo de “alianzas públicas privadas”.
Declararon que, por tanto, la orientación del gobierno de incumplir las “promesas de cambio” que hizo en el pasado proceso electoral, por las que concitó el voto mayoritario de la población, “anunciamos al país que nuestras organizaciones iniciaron un proceso de articulación de los diversos sectores que asumen coordinar las acciones de lucha y retomar las calles en todo el país para exigir políticas públicas y marcos legales que garanticen nuestros derechos”.
Las entidades, reclaman, para poner fin al régimen de impunidad, romper el pacto implícito de impunidad con algunos sectores, así como colocar en el centro el rescate del patrimonio público robado, enfrentando en ese mismo orden, la crisis sanitaria, económica y social que sufre la población dominicana.
Piden investigar y enjuiciar las sobrevaluaciones en Punta Catalina, las demás obras de Odebrecht y todos los casos de escandalosa corrupción en los últimos gobiernos.
Además, eliminar de inmediato todos los privilegios irritantes con cargo al presupuesto público que tienen los congresistas, como es el barrilito, la nueva modalidad de cofrecito de la Cámara de Diputados, exoneraciones; así como, sueldos lujosos, exenciones fiscales, fundamentales
Mencionaron, también, frenar el incremento del costo de los combustibles, bienes y servicios básicos; auditar la deuda pública, los mega-contratos y congelar el endeudamiento hasta sanear finanzas del Estado; asignar el 5% del PIB a la salud y eliminar ARS y AFP; además de reorientar a la calidad el 4% del PIB de la educación.
Los grupos, además, piden que la discusión hacia el pacto fiscal debe colocar en el centro la obtención de recursos para ejecutar políticas púbicas que garanticen derechos fundamentales en salud, educación, seguridad social, empleos, salarios justos, vivienda y pensiones dignas.
Detener las maniobras contra los trabajadores cañeros para asegurarle su derecho a luchar por pensiones dignas; frenar los desalojos abusivos de familias en San Juan, gran Santo Domingo, Línea noroeste, El Seybo y otros lugares y que cese la aplicación de la fuerza bruta y normativas dudosas; entre otras exigencias.