Paíno Abreu, secretario Medio Ambiente de Fuerza del Pueblo, afirma el verdadero terrorista ambiental es el Gobierno PRM; dice presidente Abinader condena por decreto algo que leyes prohíben y enfrente desde 2000

SANTO DOMINGO.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) aseguró que el mayor “terrorista ambiental” de la República Dominicana es el propio Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al cuestionar las políticas aplicadas por las actuales autoridades y considerar innecesario el decreto emitido por el Poder Ejecutivo para enfrentar determinados delitos contra el medio ambiente.

A través de un comunicado, el secretario de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, ingeniero Paíno Abreu Collado, cuestionó que el Gobierno pretenda presentar como nuevas medidas que ya están contempladas en la legislación dominicana.

“¿Qué busca el presidente Abinader prohibiendo por decreto lo que ya está prohibido en la ley?”, se preguntó Abréu.

Expresó que el artículo 265 de la Ley 74-25, correspondiente al nuevo Código Penal, establece penas de entre 20 y 30 años de prisión mayor y multas de 30 a 40 salarios mínimos del sector público para quienes provoquen voluntariamente incendios que afecten bosques, reservas forestales, nacimientos de ríos, parques nacionales y otras áreas protegidas.

El dirigente político sostuvo que el problema no radica en la falta de legislación, sino en la capacidad de las autoridades para hacerla cumplir.

Informó que entre 2020 y 2025 fueron reportados 2 mil 558 incendios, gran parte de ellos provocados, y que durante ese período se registraron 11 mil 970 delitos correspondientes únicamente a tala de árboles y vertederos improvisados.

Precisó que esa última cifra no incluye infracciones relacionadas con extracción de agregados, pesca ilegal, tráfico de especies, incendios, ocupación de áreas protegidas, construcciones irregulares y contaminación sónica.

Expresó que frente a ese volumen de casos, apenas se registraron 219 condenas, menos de un 2%.

“El presidente Abinader se está haciendo experto en castigar delitos que ya están castigados y en presentarse como ‘ángel protector de las áreas protegidas’”, manifestó Abreu, quien citó como ejemplo las disposiciones adoptadas respecto a las Cuevas del Pomier, área que, recordó, ya está protegida por la Ley 202-04.

Reclama mayor protección de los recursos naturales

El titular de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo consideró que, en lugar de nuevas disposiciones, el Gobierno debe invertir mayores recursos en la protección del patrimonio natural, mejorar las condiciones de guardaparques, guardabosques y bomberos forestales, así como proporcionarles entrenamiento, equipos modernos y tecnología.

Abreu planteó igualmente rescatar los viveros y brigadas forestales e intervenir las cuencas hidrográficas con mayores niveles de deforestación para reducir la erosión de los suelos y aumentar su capacidad de retención de agua.

En cuanto a la política de permisos ambientales, criticó que las autoridades hayan flexibilizado procedimientos establecidos en las normativas del Ministerio de Medio Ambiente, al tiempo que, según afirmó, se ha otorgado miles de autorizaciones y desarrollado proyectos estatales sin contar previamente con los permisos correspondientes.

El dirigente opositor recordó que las leyes 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales; 202-04, sectorial de Áreas Protegidas, y el nuevo Código Penal ya contienen disposiciones para perseguir y sancionar los ilícitos ambientales.

Afirmó que el propio decreto reconoce que “no se crea un nuevo tipo penal, ni modifica o amplía los elementos constitutivos de los delitos vigentes”.

“Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Nada nuevo en absoluto”, sostuvo.

Cuestiona actuaciones del Gobierno

Abreu calificó la anunciada lucha contra el denominado terrorismo medioambiental como “un ejercicio mediático” y reclamó explicaciones sobre la emisión de más de tres mil licencias y permisos ambientales en 2025.

Entre las actuaciones que consideró contradictorias con el discurso ambiental del Gobierno, Abréu mencionó un proyecto en la zona de la Loma Isabel de Torres, la instalación de barcazas eléctricas en Los Negros, Azua, situaciones relacionadas con el acceso a los 60 metros de playa en zonas hoteleras, modificaciones de requerimientos para proyectos estatales y el intento de intervenir terrenos del Jardín Botánico Nacional.

“Si de lo que se trata es de condenar los delitos ambientales como terrorismo, quien se lleva las palmas es el actual ministro de Medio Ambiente”, expresó Abreu.

El dirigente político de la oposición consideró que el Gobierno debe concentrarse en fortalecer las instituciones, prevenir los daños ambientales y garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes existentes para proteger los recursos naturales del país.