Santo Domingo.-La revisión de la medida de coerción a los imputados en el caso Coral fue pospuesta, debido a que la jueza apoderada no puede conocer la audiencia de manera presencial.
La magistrada Keyla Pérez Santana, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, pretendía conocer la audiencia de manera virtual porque padece de asma y sus médicos le recomendaron no subir a estrado de forma presencial hasta que se haya aplicado la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19.
Mientras, los abogados de los imputados querían que la audiencia sea presencial, por lo que la jueza reenvío la vista para el viernes 27 de este mes.
Con esta revisión, el mayor general Adán Cánceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep); la pastora Rossy Guzmán, el cabo policial Tanner Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza y el sargento Alejandro Montero Cruz, buscan salir del el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, donde llevan tres meses.
Será la segunda vez que los imputados buscan su libertad. La primera fue ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que les rechazó su petición y ratificó la medida que le impuso la jueza Kenya Romero en mayo pasado.
Al mayor Raúl Alejandro Girón, también implicado en este caso, igualmente se le revisará la medida de coerción, de la cual estuvo de acuerdo con que se le imponga. El imputado, quien admitió los cargos, está cumpliendo arresto domiciliario bajo custodia de la Procuraduría General de la República.
No apeló la medida coercitiva como los otros cinco imputados en este caso de corrupción.
Cuando se puede conocer la audiencia, los abogados de los imputados presentarán los presupuestos para convencer al tribunal de variar la prisión preventiva, alegato que debe ser refutado por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en busca de que la medida de coerción se mantenga.
Al grupo se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.