Senador de Barahona, José del Castillo Saviñón, denuncia Indrhi aprueba US$41 millones en una adenda a empresa Andrade Gutiérrez que construye presa de Monte Grande, afirma debió ir al Congreso

SANTO DOMINGO: El senador José del Castillo Saviñón, calificó de grave y como una violación directa a las obligaciones del Senado de fiscalizar y controlar, que el Instituto de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y el Consorcio Monte Grande, hayan firmado una cuarta adenda sin el conocimiento del órgano legislativo.

El senador por la provincia de Barahona, afirmó que es atribución del Congreso aprobar los contratos que le someta el presidente de la República, de conformidad de que lo que establece el artículo 128 numeral dos literal D, así como las enmiendas o modificaciones posteriores.

Se sorprendió que una comunicación remitida por el Indrhi, y respondida por el Consorcio que tiene a su cargo la construcción de la presa de Monte Grande, se hablara de una cuarta adenda firmada entre las partes, cuando en el Congreso sólo se han aprobado tres.

Del Castillo Saviñón dijo que habrá que ver lo que dice esa cuarta adenda.

«Me dicen que se incrementa el monto del proyecto de US$401 millones que fue lo que se estableció en la adenda número tres, a US$442 millones, por lo que exigimos que ese contrato venga al conocimiento del Congreso Nacional», puntualizó Del Castillo Saviñón.

Dijo que otro asunto grave son los retrasos de nuevo del Consorcio de Monte Grande, el cual se retrasa en su obligación de entregar los diseños básicos referentes a las márgenes derecha e izquierda del río Yaque del Sur.

Manifestó que la respuesta de Monte Grande a la comunicación remitida por el Indhri, para la consecución del cronograma 34 que establece la finalización de la presa, no será en diciembre del año próximo como prometió el Presidente, sino para mayo del 2023.

Insistió con la situación en que se encuentra la presa de Monte Grande, “no importa que me cataloguen de necio, pero la situación que afecta la presa de Monte Grande requiere de esta necedad»,

“Una necedad que busca la culminación y terminación de un anhelo de toda una región que será impactada por la puesta en operación, si finalmente se concluye esta obra hidráulica que es fundamental para el desarrollo agrícola, el control de las inundaciones, generación eléctrica y los demás beneficios que esta presa múltiple ofrecerá al país, pero sobre todo a Barahona, Independencia, Bahoruco, Azua y Pedernales”, expresó.

Admitió que parece necio porque “vivo hablando del tema, pero la situación que impacta a Monte Grande, me obliga a hacerlo y sobre todo, en las atribuciones que estable en el artículo 93 de la Constitución de la República, el Congreso no solo legisla, también fiscaliza en representación del pueblo dominicano”.

El senador por la provincia de Barahona, leyó de manera íntegra la comunicación del Indrhi dirigida al consorcio Monte Grande, el pasado 13 de septiembre.

«Compláceme a dirigirme a ustedes con la finalidad de saludarlos y al mismo tiempo informarles que en estos momentos la dirección ejecutiva del INDRHI estará desarrollando un proceso de revisión del grado de avance y cumplimiento de los compromisos pautados en el contrato de cronograma de trabajo del proyecto múltiple de la presa Monte Grande”, dice un párrafo de la comunicación leída por senador Del Castillo Saviñón.

Sostiene el documento, que el proceso en referencia está  encaminado en identificar eventuales omisiones, fallas o lagunas en los compromisos, actualizar las informaciones en torno a ellos, potenciar los trabajos, garantizar la observancia de los plazos acordado y subconsecuentemente, avanzar sin tropiezos hacia la finalización del proyecto.

“En este sentido, le recordamos que conforma a lo establecido en el artículo noveno de la adenda cuatro, cuando este Congreso sólo ha visto el contrato original y tres adendas”, sostiene.

Resaltó que sólo han visto la adenda tres y que la cuatro no ha pasado como establece la Constitución de la República en el artículo 93.

La empresa constructora, según Del Castillo Saviñón, exigen el pago de 11 millones de dólares, la regularización del pago de las cubicaciones, pago integral de un competitivo anticipo previsto en la adenda cuatro que no conoce el Congreso de la República, por 17 millones de dólares.