Fiscalía DN y PEPCA siguen investigaciones sobre denuncia de corrupción en el INAIPI

Santo Domingo.-Como parte del seguimiento a la denuncia de presuntas irregularidades en el proceso de licitación del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), investigan a Eduardo Suero Poche, encargado del Departamento de Abastecimiento y Suministro de esa entidad gubernamental.

La investigación es dirigida por la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Tras ser citado por el Ministerio Público, el ingeniero Suero Poche compareció para responder los cuestionamientos de la Fiscalía del Distrito Nacional y la PEPCA, respecto al proceso de contratación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002.

El Ministerio Público informó que sigue recabando datos sobre el referido proceso y en los próximos días estarán concluyendo con los miembros faltantes de la comisión de licitación y colaboradores del INAIPI, como parte de la investigación que tiene el propósito de determinar la existencia o no de hechos violatorios a las leyes en este caso.

Recordó que el empresario Pablo Cabrera, director de la compañía La Z, S.R.L., realizó una denuncia pública a través de un programa televisivo, en la que indicó la grave manifestación de actos de corrupción que presuntamente estaban aconteciendo en el referido proceso de licitación.

La institución indicó que luego de que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, apoderara del caso a la Fiscalía del Distrito Nacional y la PEPCA, éstos órganos del Ministerio Público iniciaron las investigaciones para obtener las evidencias que permitan establecer si en dicho proceso de licitación existen responsabilidades administrativas o penales para proceder con las medidas que correspondan.

En ese sentido, señaló que de comprobarse las irregularidades en los hechos denunciados, las cuales constituirían una violación a la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, los funcionarios involucrados podrían enfrentar sanciones penales, en adición a la cancelación de sus cargos.

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