Juez TSE, Madera Arias, acusa JCE cometer aberración jurídica al entregarle diputación nacional a un partido obtuvo 0.15% de votos a nivel nacional

Santo Domingo.- El juez titular del Tribunal Superior electoral (TSE), Ramón Arístides Madera Arias, afirmó que la Junta Central Electoral (JCE) cometió una aberración jurídica y una distorsión de la ley al haberle adjudicado una diputación nacional a un partido político que apenas obtuvo como votos propios el 0.15% del total de los sufragios válidos emitidos en el nivel congresual.

Madera Arias se apartó de nuevo de la decisión de sus cuatro colegas del pleno de jueces del TSE, mediante un voto disidente contra la sentencia TSE-782-2020, que favoreció la decisión de la JCE y adjudicó la quinta diputación nacional al Partido Cívico Renovador (PCR), en perjuicio de la señora Celia Licelot Encarnación Minyety, candidata del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El magistrado calificó la decisión de “absurda y adefesio jurídico” que favoreció una decisión injusta y al margen de la ley de la JCE.

Enfatizó que en su calidad de ciudadano, de juez electoral independiente, y de libre pensador, su único compromiso es con el pueblo y con el adecentamiento del país, y que su obligación es la defensa y la protección de la democracia y los mejores intereses de la sociedad, y que por ello cumple con el deber de actuar con transparencia, imparcialidad y objetividad oponiéndose a la sentencia de la mayoría de los jueces del TSE.

“No tengo que rendirle culto ni cuenta a nadie, ni ser genuflexo ante ninguno de los sectores políticos, poderes fácticos, económicos, sociales o religiosos, con los cuales no tengo compromiso, pues antes de asumir el cargo presté juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República”, recordó Madera Arias.

Añadió seguirá actuando apegado a la justicia y al derecho, a pesar de estar consciente de que asumir posiciones independientes y responsables, y actuar con criterio propio tiende a ofender y disgustar a mucha gente, principalmente los afectados con sus decisiones.

Citó como ejemplo que es amigo y admirador del presidente del Partido Cívico Renovador desde hace más de 25 años, pero que la emisión de su voto disidente en este caso, le ha traído como consecuencia que el general Jorge Radhamés Zorrila Ozuna decidiera retirarle su amistad, pero que él como juez no puede prestarse a emitir un voto a favor de una decisión de la JCE que ha sido el producto de artimañas, subterfugios y mecanismos incorrectos usados en varias juntas electorales del país”.

Entiende que con su resolución la JCE ha desnaturalizado los hechos y va en contra del ordenamiento jurídico, decisión que como juez tiene la obligación de rechazar, “aunque me cueste perder a un amigo, porque los intereses del pueblo están por encima de los intereses individuales”.

En su voto disidente, Madera Arias destacó que en virtud de las argumentaciones fácticas, jurídicas e interpretación lógica que expuso en la motivación de su voto disidente, quedó demostrado que la JCE, al emitir la Resolución No.68/2020, de fecha 17 de julio del año 2020, que declaró ganador de una curul de diputado nacional por acumulación de votos a Miguel Ángel de los Santos Figueroa, postulado por el PCR, cometió una aberración jurídica y una distorsión de la ley.

“No se puede adjudicar una diputación nacional a un partido político que ni siquiera de manera imaginaria obtuvo la cantidad de votos necesaria”, dijo Madera Arias.

Lamentó que sus cuatro colegas del TSE “no asumieran con gallardía el rol que les corresponde, ya que en el presente caso no pensaron ni razonaron como jueces, sino más bien como si fueran empleados o funcionarios de la Junta Central Electoral.

“Mis colegas del tribunal no desempeñaron su rol con independencia, ni atendiendo a la lógica jurídica, ni a los hechos o fundamento fáctico del caso, en el que a miles de personas que depositaron su voto por sus candidatos favoritos les hayan violado sus derechos fundamentales, políticos y electorales”, expresó el juez Madera Arias en sus argumentos para disentir de la sentencia.