Tres exmpleados obligados a renunciar CAC-Barahona llevan empresa a la justicia; Wagner Matos, Edwin Gómez y Orquídea Batista se desligan de supuesto robo

Santo Domingo.- La publicación del mes de junio de Armario Libre, comenzó a provocar a los involucrados en el supuesto desfalco, y tres empleados obligados a renunciar decidieron hablar, buscaron su abogado y comenzó a salir la verdad, a pesar de las fuertes amenazas y la constante persecución.

El supuesto desfalco por más de RD$92 millones ejecutado por ejecutivos guatemaltecos, colombianos y dominicanos en el Consorcio Azucarero Central (CAC)-Barahona, el cual continúa como el “secreto” mejor guardado, está a punto de desvelarse, porque a parir de esta semana tres empleados obligados a renunciar a sus puestos y sus prestaciones laborales llevaron la empresa ante la justicia.

Los tres empleados, alegan que el CAC los obligó a renunciar a todos sus derechos de manera forzosa y amenazante, por lo que piden la nulidad de las renuncias y contrataron su abogado para ventilar el caso.

Los tres empleados solicitan a la empresa azucarera reintegro e indemnización complementaria.

Los ex empleados, Orquídea Flora Batista, Wagner Matos y Edwin Gómez, buscaron los servicios del abogado Carlos Julio Féliz Vidal para reclamar lo que entienden les corresponde.

Entre los tres, hay 50 años de servicio en el CAC, ya que Batista y Matos laboraron por 19 años cada uno, mientras que Gómez, lo hizo por 14.

“Lo correcto en estos casos es que se reclamen las prestaciones, porque los contratos no han terminado de manera válida, han terminado sin prestaciones laborales y eso es lo que cuestionamos. Nuestro espíritu no es perseguir la empresa, sino que le reconocieran sus derechos y esa propuesta se hizo y no obtuvimos la respuesta indicada, por lo que acudimos a la vía judicial”, explicó Féliz Vidal.

Los empleados cancelados trataron de llegar a un acuerdo con la empresa azucarera arrendataria del ingenio Barahona, pero se negaron.  

El letrado aclaró que hace cuatro años fue el jurídico del CAC, pero que ahora defiende a los ex empleados no por retaliación ni en busca de hacer daño ni dinero, sino porque entiende que los ejecutivos de la empresa azucarera han violado todos los preceptos de sus trabajadores.

Denunció que el CAC ha manejado el proceso con una firma de abogado de Santo Domingo, lo que calificó de inusual en la empresa.

“En el tiempo que yo estuve en el Consorcio había una línea muy clara sobre el respeto a los derechos humanos de los trabajadores y si hay un caso que se distancia de eso y me llega a mi oficina, donde se ve que las cosas no están bien, pues claro, procuramos una salida amigable con los tres dominicanos, porque no estamos representando a los extranjeros ahí, cuando el mismo convenio colectivo del Consorcio establece que cuando un trabajador pretende renunciar a la empresa, trabaja un preaviso y la empresa le da el 50% de sus prestaciones laborales, pero en el caso de ellos, no tienen un peso de prestaciones laborales, lo que significaría que son tontos o que son idiotas, que con 19 años renuncian a cientos y miles de pesos, que algunos de ellos les corresponde más de un millón de pesos, y usted renuncia sin tener otro puesto de trabajo, por nada, hay que entender que no es una renuncia”, sostuvo Féliz Vidal.

Calificó el caso de muy grave, por lo que decidió defender a los ex empleados, porque entiende que se le debe buscar una salida o una solución.

“A Orquídea la pusieron a renunciar porque ella es esposa de uno de los extranjeros que supuestamente la empresa considera, que participó  en una actividad que le perjudicó  económicamente, y aunque sea esposa del extranjero, hay que desvincularla y a ella la ponen a renunciar; el caso de Wander es que después de una interrogación de cuatro y cinco horas, lo que le dicen es que un suplidor cobró una determinada suma de dinero y él ayudó a llenar un formulario y ese es el cargo y eso nada tiene que ver con el fraude;  y en el caso de Edwin, tampoco tiene que ver con ese proceso, y se le acusa porque en diciembre del 2018 alguien supuestamente le puso en su cuenta una suma de dinero, pero eso era una gratificación”, sostuvo Féliz Vidal.

Calificó de cuestionable que el CAC, al ver supuestas faltas en los empleados no los cancele, sino que los ponga a renunciar.

“En todo caso, si tienen falta tus trabajadores tú los despides, tú no los pones a renunciar, que es lo que veo muy cuestionable, pero tampoco los somete bajo el imperio  de la fuerza de seguridad que para ir al baño tenía que ser con un guardia, para mí el caso se salió de lo que es ordinario, de lo que es típico, de lo que es humano, porque lo digo, el empleador tiene derecho a despedir a sus empleados de manera justificada sin prestaciones, una cultura que yo no comparto, porque creo que las prestaciones laborales deben ser derecho adquirido que no puede perderse por una falta posterior, pero la ley es la ley”, considera el abogado.

Dijo que se desconoce la cantidad de dinero del supuesto fraude cometido contra la empresa, pero duda que la mismo alcance los RD$100 millones.

Sostuvo que no tiene forma de como determinar la cantidad de dinero envuelta en el supuesto desfalco, pero sí que ha habido mucho morbo.

Uno de los supuestos fraudes, es que se pagaron obras que supuestamente se habrían contratado, pero nunca realizadas.

“La empresa no ha dicho a nadie, públicamente, si le faltan RD$100 millones, eso no lo he leído que ningún ejecutivo lo haya dicho, esos son datos muy internos que la empresa es la que los maneja, lo que ha pasado es que se ha filtrado información y la gente especula mucho en torno a eso, creo que la empresa ha querido tener más celos, ha querido dar un ejemplo, ha querido sancionar y se ha equivocado sancionando, especialmente con los dominicanos, porque no puedo hablar de los extranjeros porque no los represento, con respecto a esos tres dominicanos, la empresa debe resolver esa situación”, consideró Féliz Vidal.

Este jueves primero de agosto, en la segunda cámara civil, comercial y laboral del juzgado de Primera Instancia de Barahona, se ventilan los tres expedientes en fase de conciliación.

Dijo que si la empresa hace una propuesta razonable y los trabajadores la aceptan se levanta un acta de conciliación, pero si tienen postura de litigar le levanta acta de no conciliación y se pasa a una segunda fase que sería discutir el fondo del proceso, incorporar las pruebas y derivar con lo que ocurra en esa fase de presentación de pruebas si hubo o no la renuncia que se comunicó al Ministerio de Trabajo, si fue voluntaria o si fue bajo coacción.

Expresó que le guarda mucha consideración al CAC porque tiene una empleomanía importante en el Sur, además del servicio social que ofrece en las provincias que opera.

“Yo creo que la empresa en este caso concreto ha tenido asesorías externas muy negativas, esas asesorías no han tomado en cuenta que es una industria azucarera y que produce un alimento y ese alimento sale del país y que la construcción de riquezas, conforme a los convenios internacionales que tenemos de los derechos humanos, tiene que hacerse siempre bajo el respeto de la dignidad del trabajador”, precisó.